Ramón Cifuente nos envía un texto de análisis sobre alianzas y proyectos políticos de un eventual gobierno de la Concertación. Un buen resumen de las demandas actuales de diversos sectores y dichos de varias personalidades.

Esto va a nombre propio, esto es, Ramon Cifuentes, Cientista Social, para no comprometer a instituciones con opiniones con las cuales pueden no concordar

I. Veinte años de Concertación: Logros y desencantos

Sin dudas que, en sus casi dos décadas de gobierno, la Concertación de Partidos por la Democracia realizó cambios importantes en los ámbitos político y socioeconómico. En el terreno político, culminó una transición que permitió superar la dictadura militar, estableciendo núcleos básicos de institucionalidad democrática.

En el terreno económico-social, logró una alta estabilidad macroeconómica y una política de “crecimiento con equidad” que permitió una disminución sustantiva de la pobreza y la extrema pobreza y la instalación de una importante red de protección social.

Sin embargo, tras años de aplicación de este modelo, se consolidó, simultáneamente, una economía de mercado que ha producido desigualdades extremas en la distribución de la riqueza, de modo que hoy Chile se sitúa entre los 15 países con peor distribución de ingresos en el mundo y supera, apenas, los índices de distribución existentes en la década de los sesenta.(PNUD 2006).

Esta situación de profunda inequidad social, es uno de los resultados de la hegemonía, en la Concertación, de concepciones neoliberales, según las cuales, el crecimiento económico, llevaría, por si mismo, a la expansión de los beneficios económicos y sociales y a la ampliación de la democracia política. Fue esta concepción, determinista, liderada por los ministros de hacienda de la época, la que mostró, todas sus limitaciones para conducir al país hacia el desarrollo y la democratización.

En el ámbito político, el neoliberalismo y la tecnocracia, promovieron la “política de los consensos” como principal instrumento de relación con la oposición. Sin embargo, la Alianza por Chile, a partir de ella, impuso en el parlamento   un poder de veto sobre las iniciativas orientadas a la transformación de la sociedad. En efecto, la minoría social y política usó, y usa en la actualidad, el empate parlamentario que le otorga el sistema binominal, para rechazar todas las iniciativas orientadas a profundizar la democracia y transformar el modelo económico. (Manuel Antonio Garretón, 2009).

Sin embargo, ante este permanente bloqueo parlamentario de las reformas para profundizar la democracia, la Concertación  optó por retirar de la discusión publica los temas que generaban “conflictos”, sin poner como problema político central de la consolidación democrática, precisamente, las trabas puestas a ella por la Alianza por Chile Pero, junto a esta debilidad de su política parlamentaria, tampoco promovió la formación de actores y movimientos sociales, ni de actividades políticas como el recurso a plebiscitos en torno a las grandes tareas de transformación.

Los  resultados de la mantención del modelo económico neoliberal, de la política de acuerdos con la Alianza por Chile y, sobre todo, de la permanencia del sistema binominal, son, además de la extrema desigualdad económica ya mencionada,  el debilitamiento de los actores sociales y una democracia política limitada, en cuyo seno se consolidaron ciertas cúpulas partidarias, que hicieron del clientelismo el mecanismo privilegiado para su propia reproducción. Esta democracia limitada y profundamente desigual, ha sido la causa del extendido malestar ciudadano con los políticos y la actividad parlamentaria, advertido desde hace años por destacados analistas (Manuel Antonio Garretón, Carlos Hunneus, entre otros) y por  la mayoría de las encuestas de opinión publica, pero que la Concertación no supo o no quiso reconocer y que se expresó en el resultado de la elección  presidencial de 2009, el peor de su historia electoral.



II. Del desencanto y el fracaso electoral a la construcción de una nueva mayoría social y política en torno a un proyecto político progresista.

En contra de las posiciones neoliberales de la política, que rehúsan asumir los disensos, y tensiones sociales, es preciso  enfatizar que la política tiene siempre una dimensión de conflicto, relacionada con los intereses sociales, económicos y culturales en pugna. Mas aun, la resolución de los conflictos sociales en forma democrática, fue el camino que permitió a las sociedades hoy desarrolladas, alejar de sus horizontes los quiebres sociales y la violencia. (Alain Touraine, 1996).

Ella tiene, también, una dimensión de consenso, que no es el simple acuerdo  sobre  temas coyunturales, sino en torno a temas sustantivos de una sociedad, para el caso de nuestro país, el acuerdo sobre el proyecto político de largo plazo.

En este sentido, sostenemos que la economía de mercado sólo conduce al desarrollo y a un Estado Social, si los frutos del crecimiento económico, son difundidos en el conjunto de la sociedad, no solo como efecto, posible, del crecimiento económico, sino que, por sobre todo, como resultado de la acción de actores políticos y sociales de redistribución, cuyos conflictos de intereses, son regulados democráticamente.

En los países del norte de Europa, en los que se logró el desarrollo, este fue el resultado de la acción de partidos políticos, (Socialdemócratas), pero, centralmente, de los movimientos sociales (En estos casos movimientos obreros), los que jugaron un rol determinante en la redistribución de los ingresos y la riqueza. (Alain Touraine, 1996).

En el caso de Chile, el camino al desarrollo, requiere la construcción de una nueva mayoría social y política que ponga fin a la Constitución de 1980, en particular al sistema binominal y abra paso a un nuevo proyecto político progresista. Esta mayoría, debe tener como sustento a los partidos de la Concertación, a los que están fuera de ella y a las organizaciones y movimientos sociales.

Por las particulares características de la estructura socioeconómica e institucional, heredadas del autoritarismo militar, y no resueltas hasta hoy, este proyecto progresista deberá abordar, entre otros, la reforma y modernización del estado, para hacer de este un actor del proceso de desarrollo, con un rol fiscalizador en lo económico y con una administración pública moderna, que ponga fin a los clientelismos de todo tipo; una transformación del presidencialismo extremo, propio del siglo diecinueve, en la dirección de un régimen semipresidencial, en concordancia con la complejidad  de las sociedades modernas; una reforma tributaria con impuestos diferenciados, que permita financiar la gratuidad de le educación y un sistema de salud publica de calidad; una descentralización efectiva, que otorgue financiamiento y facultades reales de gestión a los gobiernos regionales y locales; un cambio en el sistema previsional orientado a la construcción de una AFP estatal; una transformación del modelo de crecimiento, basado, hasta hoy, en exportaciones de bajo valor agregado, que supere la alta concentración de la riqueza y asuma las exigencias de sustentabilidad ambiental y social; una modernización inspirada en el respeto a las diferencias culturales y sociales, en particular de las minorías étnicas.

Sin embargo, la Concertación, no logra un consenso sustantivo respecto de este proyecto progresista, lo que introduce una dimensión de incertidumbre respecto de su futuro. Esta coalición fue exitosa para terminar con la dictadura, pero los sectores neoliberales presentes en ella, y por supuesto en la Alianza por Chile, han mostrado nuevamente su reconocida resistencia a las transformaciones estructurales.

Pero como la historia no debería repetirse, hay un escenario estratégico que necesitamos construir para superar el conservadurismo: Articular, desde ya, los partidos políticos progresistas con los movimientos y organizaciones sociales. Estratégico, no solo para que la Concertación logre el gobierno el 2013, sino porque en Chile, también se requerirá de una mayoría social y política amplia, como fuerza  garante  de la redistribución de la riqueza y de la hegemonía de un proyecto de futuro, por sobre el pragmatismo ramplón, permitido hasta hoy, por los “beneficiarios”, de toda índole política, del sistema binominal.

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