En las últimas semanas, sendas resoluciones de las Corema región del Bío-Bio y Región de Los Lagos, han determinado la paralización de obras en el primer caso y de funcionamiento en el segundo, de las Plantas Industriales de Itata en Ranquil y San José de la Mariquina en Valdivia, respectivamente.

La razón esgrimida para paralizar las obras en Itata, es por ejecutar faenas sin esperar el resultado del estudio de impacto ambiental, exigido por Corema dados los múltiples cambios que sufrió respecto de la autorización otorgada el 2001. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto original fue evaluado para una producción de 550 mil toneladas anuales de celulosa, pero actualmente se está construyendo una planta para producir 860 mil toneladas.

En el caso de la Planta de Valdivia se argumenta el incumplimiento de las resoluciones ambientales respecto del volumen de producción, el uso ilegal de aguas subterráneas y alza de la temperatura del Río Cruces, caudal en el cual la planta deposita sus aguas servidas, o Riles.

Durante los años 1992 y 1993, tuve la oportunidad de ser parte de un importante trabajo colectivo impulsado por el Gobierno Aylwin con apoyo de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- FAO y el Gobierno de Holanda, conocido como Plan de Acción Forestal. Allí, en múltiples sesiones, con la participación de representantes de todos los actores vinculados al quehacer de la actividad forestal en nuestro país, se analizaron y se hicieron propuestas para conducir la evolución de la actividad forestal en nuestro país.

Estas drásticas medidas tomadas por las autoridades ambientales regionales, ponen en el tapete varios temas que dicen relación con las contradicciones que se manifiestan entre el derecho que tenemos los habitantes de nuestro país a disfrutar de un medio ambiente sano que contribuya a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, y del derecho que tienen los inversionistas a obtener utilidades por los negocios en los que invierten.

Aplaudo sin reservas las decisiones de las autoridades regionales de Concepción y Valdivia, pues son una demostración de que, finalmente a nivel del Gobierno, se asume seriamente la defensa del Medio Ambiente, teniendo en cuenta que uno de los grandes déficit de este Gobierno y los dos anteriores, es justamente una actitud ambigua frente este tema, a pesar de las importantes iniciativas materializadas durante el Gobierno Aylwin y los compromisos adquiridos frente a la Comunidad Internacional, con motivo de la Cumbre Medioambiental de Río de Janeiro 1992.

Durante los años 1992 y 1993, tuve la oportunidad de ser parte de un importante trabajo colectivo impulsado por el Gobierno Aylwin con apoyo de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- FAO y el Gobierno de Holanda, conocido como Plan de Acción Forestal. Allí, en múltiples sesiones, con la participación de representantes de todos los actores vinculados al quehacer de la actividad forestal en nuestro país, se analizaron y se hicieron propuestas para conducir la evolución de la actividad forestal en nuestro país.

Uno de los temas analizados en profundidad fue el de los impactos ambientales negativos de la actividad forestal tanto a nivel del aprovechamiento, plantación y manejo de plantaciones y bosques naturales, como de las actividades industriales relacionadas.

Se detectó por ejemplo, que el uso del fuego como método para eliminar los desechos de las explotaciones forestales y la quema de aserrín constituían una práctica contaminante que afectaba a numerosas poblaciones rurales y urbanas; que el uso de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes en plantaciones, en forma indiscriminada, sin capacitación del personal y sin medidas de protección para la población, estaban causando deterioro de la salud de trabajadores y población en general; que el uso de productos químicos para controlar la proliferación de hongos y proteger la madera de ataque de insectos, se realizaba en forma irresponsable, afectando seriamente a los operarios de estas faenas; Que las Plantas industriales de celulosa, depositaban sus aguas servidas en ríos y mar costero, constatándose la desaparición total de flora y fauna asociada a ríos, como el Bio-Bío en su cauce inferior, y la contaminación de pescados y moluscos en la costa del Golfo de Arauco; Que las plantas productoras de papel estaban arrojando toneladas de mercurio a las aguas, metal pesado que después era almacenado por moluscos que llegaban a la mesa de nuestros compatriotas.

En fin las lista de impactos negativos es larga.

Pero, aunque algunas medidas para corregir estos desastres han sido tomadas, como por ejemplo, suspender el uso del fuego para quema de desechos de explotación y aserrín, prohibir el uso de algunos productos químicos para el tratamiento de maderas y proteger a los operarios que manipulan sustancias peligrosas, queda en evidencia que las grandes plantas industriales de la celulosa y el papel todavía operan generando altos grados de contaminación del aire y del agua.

Ahora respecto del derecho de los inversionistas a obtener utilidades de sus inversiones, nadie lo niega, pero de ahí a aceptar que la producción de celulosa y papel haya permitido a las empresas respectivas obtener ganancias escandalosas, sin que parte de estas sean reinvertidas para mitigar los impactos ambientales, hay una gran distancia.

Los dos grandes conglomerados empresariales que dominan la producción y el negocio forestal en Chile, que aparecen cada año liderando el ranking de utilidades, no se cansan de acumular ganancias, pero para nada se preocupan de traspasar parte de sus utilidades a los contratistas y trabajadores que han contribuido a su generación, y restringen los recursos que debieran ser destinados a mitigar impactos ambientales.

Hace ya bastante tiempo que en el mundo se han desarrollado y se aplican tecnologías para eliminar los malos olores que emiten las plantas de celulosa y purificar las aguas utilizadas en proceso, así como la eliminación del uso del cloro para blanquear las pastas. Tuve la oportunidad de residir en Finlandia durante tres años, en un país forestal por excelencia, que produce mas de 12 millones de toneladas de celulosa al año (Chile 3 millones de toneladas año y procesa en sus instalaciones industriales más de 60 millones de m3 de madera, y jamás percibí el mal olor que emanan la plantas chilenas. Tampoco supe de contaminación por humo o por mala manipulación de desechos líquidos.

Ellos son inventores de tecnología de punta para el manejo de productos contaminantes de la industria forestal, además de la desarrollada por otros países europeos y de Norteamérica, pero nuestros abnegados inversionistas chilenos, no están interesados en gastar un peso más que los estrictamente necesarios para seguir acumulando ganancias, de las cuales nunca están satisfechos.

Es hora que la comunidad toda y el Gobierno, que debe defender sus intereses, adopte una actitud definitiva para controlar la voracidad de las empresas forestales.

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